Yo sabía, a éstos pibes los mató la policía

Por Irene Correa y Candela Ramírez.

Era un soñador. Un muchachito al que le gustaba leer y Julio Verne era uno de sus preferidos. Desde chico supo que tenía un rol importante en el armado familiar: era el más grande sus hermanos en la casa de mamá. Cuando a ella le tocaba salir a trabajar, él se quedaba cuidando a sus hermanos. Luciano era fanático de River, pero nunca pudo ir ver un partido. Le gustaba jugar a la pelota con sus amigos, era curioso y le ponía mucha garra a la vida, siempre tenía una sonrisa.

Cuando la Policía Bonaerense lo desapareció el 31 de enero del 2009, Luciano tenía 16 años. Era un adolescente y, como todo pibe a esa edad, a veces estaba todo bien y a veces estaba todo mal. Luciano era solidario, siempre que podía ayudar en la casa de algún amigo, lo hacía. A medida que crecía, se fue preguntando muchas cosas, entre ellas la discriminación que sufrían él y sus pares, sus amigos, sus vecinos del barrio. Le gustaba mucho preguntar cosas de la vida, de la política y la sociedad. Si le daban a elegir, no se podía decidir entre la cumbia y el rock, le gustaban los dos. Tocaba la guitarra y cada tanto se animaba a tirar algunos acordes.

Así lo recuerda Vanesa, su hermana mayor y referente ineludible en la búsqueda de justicia por la desaparición y muerte de Luciano Nahuel Arruga. “Toda la historia de su vida, rodeada de condiciones un poco desfavorables para toda la familia, son las que provocaron en la vida de Luciano un crecimiento un tanto abrupto, pero nunca dejó de tener esa picardía de niño, como no la deja de tener, por más vida dura que tenga, ninguna criatura de 16 años”.

La muerte de Luciano Arruga aparece como un ejemplo emblemático de desidia y violencia del Estado. Vanesa Orieta habla de represión estatal más que de violencia institucional, porque considera que la última se ejerce en muchos niños y niñas desde la más temprana edad: vulnerando el acceso a derechos fundamentales como salud, vivienda y educación.

¿Por qué hablar de desaparición forzada de persona?

Vanesa enumera: existen responsables materiales, intelectuales y políticos; cuando los diferentes niveles del Estado garantizan la impunidad de un caso como el de Luciano, hablamos de desaparición forzada de persona. Durante un largo tiempo, la desaparición de Arruga figuró como “averiguación de paradero”. Fue la presión ejercida desde los familiares, amigos y organizaciones sociales que permitieron hablar de desaparición forzada de persona.

El 22 de septiembre del 2008, Luciano sufrió un primer embate de las fuerzas del Estado:  fue detenido de forma ilegal, durante nueve horas, en el destacamento policial de Lomas del Mirador partido de La Matanza-. Justificaron su detención acusándolo de robo. Luciano se había negado a robar para la Policía Bonaerense y esa desobediencia le iba a costar caro. En aquel momento, Vanesa denunció que a su hermano lo amenazaron así: “Negro de mierda, te van a violar en la 8ª y vas a aparecer en un zanjón”.

Este destacamento había sido creado en 2005 por “Vecinos en Alerta”, personas que reclamaban “mayor seguridad” entendiendo por ella mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Allí no se pueden cometer detenciones, solo en cárceles o comisarías. En este destacamento -que dependía de la comisaría 8ª – Luciano fue torturado. Recordatorio: la comisaría 8ª fue uno de los centros clandestinos de detención y torturas de la Policía Bonaerense. Lo llamaban Sheraton.

Cuatro meses después de esta golpiza, el 31 de enero de 2009 Luciano fue desaparecido. “Quedate tranquila que debe estar con alguna minita”, le dijeron a Mónica -su mamá- cuando denunció que su hijo no había vuelto a casa. Para entonces, el destacamento ya contaba con una importante suma de denuncias por detenciones arbitrarias, amenazas y torturas. El 17 de octubre de 2014, se encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Se determinó que había muerto al ser atropellado por un automóvil en el cruce de Avenida General Paz y avenida Mosconi, a cuadras de su barrio, 12 de Octubre.

“Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”, se escucha en cada encuentro por pedido de Justicia. Entre medio: amedrentamientos, amenazas y espionaje a familiares, adulteración de documentos signaron todo el proceso. De nuevo, Vanesa enumera: estuvo involucrada la Policía Bonaerense, la Policía Federal, un centro de salud y la morgue judicial.

Hoy, a ocho años, la causa está en etapa de instrucción, a cargo de la Justicia Federal, con una carátula de desaparición forzada de persona. No hay ninguna persona procesada por la desaparición y muerte de Luciano.

“Mi hermano para mí era un ser extraordinario y lamento mucho que esta sociedad se haya perdido de un ser extraordinario como fue Luciano”, sintetiza Vanesa.

Desapariciones forzadas en Rosario

El octavo aniversario de la desaparición forzada de Luciano Arruga, nos trae a la memoria los recientes casos ocurridos en nuestra ciudad.

En este marco, entrevistamos a Gabriel Ganón, que se desempeñó como defensor general de la Provincia hasta que fue destituido en noviembre de 2016.

Ganón trabajó en las investigaciones por las desapariciones de Franco Casco y Gerardo “Pichón” Escobar. En menos de un año, ambos jóvenes fueron desaparecidos por la Policía y sus cuerpos aparecieron días después flotando en el río Paraná. Ganón afirmó estar absolutamente seguro de que su trabajo en estos casos tuvo que ver con su destitución.

“En Santa Fe la Policía no actúa sola, sino con desidia, cobertura y participación judicial y política”, coincide el ex defensor con Vanesa Orieta, y resalta que se da una particularidad ya que a este encubrimiento hay que vincularlo con el fenómeno de las bandas narcopoliciales en la Provincia. En relación, se refirió al caso de Pichón Escobar, ya que el boliche en el que fue visto con vida por última vez -La Tienda- tenía custodia policial permanente y pertenece a un personaje de la noche rosarina señalado como testaferro de Los Monos.

Por otro lado, uno de los imputados, José Luis “Tarta” Carlino -que se desempeñaba como Agente de Control de Admisión y Permanencia en el after que funcionó en Tucumán 1149- integró la barrabrava de Newell’s, hasta que tuvo prohibido el ingreso a la cancha como producto de una interna.

“En los casos nuevos la matriz es la misma” dijo Ganón para referirse a Valentín Ezequiel Reales, de 15 años, desaparecido desde el 15 de noviembre de 2016 y agregó que las víctimas son de los sectores socialmente más abandonados. “Estos chicos seguramente están vinculados a la trata. Los usan de distribuidores y los despachan como en México”, consideró y criticó la cobertura mediática ya que vincularon a Valentín con el grupo de Los Cuatreros, “que están exterminados por Los Monos y la Policía”.

“Investigación no hay, por eso hablo de encubrimiento. La Fiscalía delega la investigación en los personajes que participaron con complicidad de la Policía. Borran pruebas y pistas. Fue contundente en el caso de Franco Casco. Las cámaras fueron pedidas tarde y se destruyeron pruebas para que la cronología no se establezca. El cuerpo forense también encubre, dijeron que Franco Casco no tenía ni un golpe”, aseguró, y criticó el desempeño del fiscal Apanowicz.

Ganón recomendó que ante sospechas de actuación policial en la desaparición de una persona, la familia debe hacer todo lo posible para que la investigación salga de la esfera de la Policía y la competencia salga del fuero provincial porque trabajan para el encubrimiento. “Creo que estamos en una situación sumamente delicada en la provincia de Santa Fe porque pasan estos hechos y quedan impunes. Los únicos lugares en Latinoamérica donde pasa son México y Colombia. Es una situación sumamente delicada y grave, y los medios toleran, encubren, se hacen los boludos”, dijo.

Franco Casco

Franco tenía 20 años y un hijo de tres. Vivía en Florencio Varela y vino a visitar a su tía y primos que viven en el barrio Empalme Graneros. Franco iba a volver a su casa el 6 de octubre de 2014, pero perdió el tren del mediodía. Avisó a su casa y a la noche salió con el mismo objetivo, pero camino a tomar el tren desapareció en la zona de la estación Rosario Norte -jurisdicción de la comisaría 7ª-. Rápidamente, sus familiares comenzaron la búsqueda y Ramón -su padre- y Elsa -su madre- viajaron a Rosario en cuanto pudieron juntar los $70 para llegar en tren.

Lo primero que hizo Elsa al llegar fue ir a la comisaría del barrio en donde le dijeron que su hijo había estado detenido el martes 7 de octubre en otra seccional, la 7ª. Hacia ahí fue Elsa, pero solo encontró maltratos y dilaciones. La búsqueda duró 25 días hasta que Franco apareció sin vida en el río Paraná. Casi seis meses después de su desaparición llegó un estudio que Ganón solicitó a la cátedra de Biología Marina de la Universidad de Buenos Aires. Los resultados fueron contundentes: a Franco lo mataron antes de arrojar su cuerpo al río.

Del relato policial surge una única certeza: Franco estuvo detenido en la comisaría 7ª. El resto es contradictorio. La versión del comisario Diego Álvarez difiere de la del fiscal Álvaro Campos en cuanto a los motivos de la detención. Además la policía aseguró que lo dejaron libre por orden de la Fiscalía y que intentaron llevar a Franco a Empalme Graneros, pero como no sabía ubicarse lo llevaron a la comisaría. La información del GPS del día 7 de octubre del patrullero en el que, dicen, intentaron llevar a Franco a la casa de su tía, demuestra que no fue así. Siguiendo con las contradicciones, el médico forense Raúl Rodríguez dijo que no se observaban lesiones. Sin embargo, el informe de la junta médica las constató.

En agosto de 2016, Elsa Godoy, la mamá de Franco murió sin ver detenidos a los asesinos de su hijo.

Gerardo “Pichón” Escobar

“Pichón” tenía 23 años y trabajaba en la dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. Desapareció la madrugada del 14 de agosto de 2015 a la salida de La Tienda, un conocido after de la ciudad. De acuerdo a la investigación, se supo que salió del bar y caminó hasta la esquina de Tucumán y Sarmiento. En las filmaciones puede verse que detrás suyo caminan los patovicas del local y que uno de ellos lo golpea. Desde ese momento, pasó una semana hasta que apareció su cuerpo sin vida en el río Paraná.

Durante el transcurso de esa semana surgieron diversas pistas que luego fueron desestimadas. Un chofer de la línea 103 declaró haberlo llevado desde el centro hasta 27 de febrero y Paraguay -sin embargo las cámaras de la zona no lo registran bajando-. Además, se dijo que gracias a una aplicación ubicaron el celular de Pichón en Vera Mujica y Uruguay. Finalmente, luego de una semana de búsqueda, el cuerpo de Pichón apareció en el río Paraná. En los bolsillos de su pantalón aún tenía dinero y su teléfono celular, entre otras pertenencias. Así, la hipótesis de un robo quedó descartada.

Cinco personas fueron detenidas por su muerte, entre los arrestados hay dos policías que realizaban vigilancia adicional y tres custodios particulares. A cuatro días del primer aniversario de la muerte de Pichón, el juez federal Marcelo Bailaque sobreseyó a los cinco imputados por la desaparición forzada del joven, fundamentando falta de merito. Poco más de un mes después, la Cámara de Apelaciones de Rosario anuló el sobreseimiento dictado a los custodios Cristian Vivas, César Ampuero y José Luis Carlino, y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli.

Desde que comenzó el pedido de justicia la familia de Pichón recibe llamadas intimidatorias.

Valentín Reales

Valentín tiene 15 años y desapareció de su casa en el barrio Cabín 9 el 15 de noviembre del año pasado. Desde su desaparición la familia fue a la policía para averiguar si lo habían detenido. Como la respuesta fue negativa, realizaron la denuncia por averiguación de paradero. Casi tres meses después, Valentín continúa desaparecido.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas instó al Estado argentino a enviarle información sobre Valentín Ezequiel Reales antes del 1 de febrero de 2017. Esto surge como respuesta al pedido que Gabriel Ganón hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para perdirle al Estado la puesta en marcha del protocolo previsto por la CIDH sobre Desapariciones Forzada de Personas.

“Según las alegaciones presentadas al Comité, Valentín Ezequiel Reales habría sido detenido en varias ocasiones desde abril de 2016 en razón de su alegado involucramiento con alguna de las bandas de narcotráfico supuestamente manejadas por la policía de Santa Fe. Con ocasión de estas detenciones, habría sido trasladado a la sede de la comisaría 9, cercana a su domicilio. También habría sido detenido por orden de un fiscal con competencia exclusiva en causas de mayores en el pasado mes de junio y fue trasladado a la Comisaría sin que la Dirección de Niñez o el juzgado de Menores estén informados. Durante esas detenciones, el niño Valentín Ezequiel Reales habría sido víctima de torturas”, manifiesta la nota enviada a Ganón por Ibrahim Salama -jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos-.

Foto: Soledad Pellegrini.

Agencia Sin Cerco

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